El PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados de Argentina, atraviesa una de sus crisis más profundas debido a atrasos en los pagos a farmacias, médicos y otros prestadores de salud. Según datos del sector farmacéutico, la deuda del organismo supera los $25.000 millones, afectando la provisión de medicamentos y la continuidad de servicios médicos en todo el país. La situación se agrava en provincias como Buenos Aires y Córdoba, donde farmacias y hospitales comunales advierten sobre la imposibilidad de sostener la atención a los afiliados.

En Córdoba, una treintena de municipios denunció atrasos por más de $300 millones, mientras que en Olavarría, médicos y concejales calificaron la situación como "crítica e insostenible". "No sabemos hasta cuándo podremos mantener los consultorios abiertos", advirtió una médica local. El conflicto también afecta a clínicas, ópticas, centros de discapacidad y proveedores de insumos médicos, muchos de los cuales no cobran desde fines de 2025.

El ajuste fiscal impulsado por el Ministerio de Economía es señalado como la principal causa de la falta de fondos. Prestadores denuncian que el sistema informático del PAMI limita las prestaciones y que existen cupos encubiertos que restringen estudios y consultas, incluso con órdenes autorizadas. "El PAMI incumplió unilateralmente el contrato que firmó el año pasado", afirmó Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.

La crisis ha generado reclamos formales en concejos deliberantes y legislaturas provinciales, así como protestas de jubilados y entidades de discapacidad. En algunos casos, como en Marcos Juárez, el cierre de sanatorios obliga a los afiliados a trasladarse a otras ciudades para recibir atención. Desde el PAMI, algunos funcionarios han minimizado el conflicto o atribuido la crisis a cuestiones políticas y administrativas, mientras que otros aseguran que el servicio está garantizado a través de hospitales públicos.

El impacto de la crisis es profundo y amenaza con vaciar consultorios, cerrar farmacias y sobrecargar el sistema público de salud. La continuidad de la atención a más de cinco millones de jubilados depende de una pronta resolución del conflicto y de la regularización de los pagos a los prestadores.