Tres personas fueron detenidas en las últimas horas por su presunta participación en el ataque con excremento a la casa del diputado nacional José Luis Espert, ubicada en San Isidro. Entre los arrestados se encuentra Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y militante kirchnerista, según confirmaron fuentes oficiales y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El episodio ocurrió el 17 de junio, cuando un grupo de individuos arrojó bolsas con excremento animal en la entrada de la vivienda de Espert y colgó un cartel con mensajes intimidatorios. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y difundido por el propio diputado en sus redes sociales. La investigación, a cargo del Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, incluyó tareas de inteligencia criminal y allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense y barrios porteños, lo que permitió identificar a los sospechosos y secuestrar celulares, computadoras y documentación relevante.

Entre los elementos incautados se encuentran dos vehículos: una camioneta Chevrolet S10, vinculada a una empresa proveedora del gobierno bonaerense y de la municipalidad de Quilmes, y un Renault Clio. Los tres detenidos, todos de nacionalidad argentina, permanecen a disposición de la Justicia Federal.

El caso generó fuertes repercusiones políticas. Espert atribuyó el ataque a sectores del kirchnerismo y criticó el uso de recursos estatales para fines partidarios. "Esto es una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. No nos van a detener con nada", expresó el diputado en redes sociales. Por su parte, la ministra Bullrich celebró la detención de Abaigar y cuestionó la gestión del Ministerio de Mujeres bonaerense, señalando la falta de resultados y el uso de fondos públicos.

El hecho se inscribe en un contexto de alta polarización política y reaviva el debate sobre la violencia política y el rol de los funcionarios públicos. La investigación judicial continúa para determinar la responsabilidad de los implicados y el posible uso de recursos estatales en el ataque.