La investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida en enero de 2015, ha dado un giro relevante con la inminente citación de 90 militares del área de inteligencia que estuvieron bajo las órdenes de César Milani, exjefe del Ejército durante el kirchnerismo. Esta decisión, impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano, se apoya en la reciente desclasificación de archivos secretos de inteligencia, ordenada por el gobierno de Javier Milei, que aportó información inédita a la causa.

Según fuentes judiciales, la medida incluye también a más de 200 agentes civiles de inteligencia y se enmarca en la hipótesis de que el asesinato de Nisman fue planificado y ejecutado desde algún sector de los servicios de inteligencia, en medio de una fuerte interna entre la SIDE y la inteligencia militar. La fiscalía sostiene que la muerte de Nisman, quien fue hallado con un disparo en la cabeza en su departamento, ocurrió en un contexto de enfrentamientos entre distintos grupos de inteligencia, poco después de que el fiscal denunciara a la entonces presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento en la causa AMIA.

Las citaciones comenzarán tras la feria judicial, en agosto, y han generado inquietud en las fuerzas armadas, ya que muchos de los citados continúan en actividad y temen que la convocatoria afecte sus carreras. La investigación también analiza más de 45.000 comunicaciones telefónicas y la posible manipulación de la escena del crimen, en la que participaron funcionarios, policías y peritos.

Entre los nombres clave que surgen en la causa figuran Milani, Fernando Pocino (exdirector de Reunión Interior de la SIDE) y Juan Martín Mena (exsubjefe de la SIDE y actual ministro de Justicia bonaerense), todos cercanos a Cristina Kirchner. Si bien Milani y Mena no han declarado, Pocino sí lo hizo y denunció órdenes ilegales de vigilancia sobre la fiscalía que investigaba la muerte de Nisman.

El caso, que sigue sin resolverse judicialmente a una década del hecho, se reactivó con la desclasificación de archivos y la toma de nuevos testimonios. La fiscalía ha solicitado refuerzos de personal para avanzar en el análisis de la vasta cantidad de información. La investigación continúa generando debate político y judicial en Argentina, mientras se espera que las nuevas citaciones arrojen luz sobre uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del país.