La Cámara Federal de San Martín ordenó este lunes la excarcelación de Alesia Abaigar, funcionaria bonaerense detenida por su presunta participación en el ataque con estiércol y pasacalles frente a la casa del diputado nacional José Luis Espert. Abaigar, quien llevaba 12 días privada de su libertad, fue liberada tras la decisión del tribunal que consideró que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

El hecho ocurrió el 17 de junio en la localidad de San Isidro, cuando un grupo de personas arrojó estiércol y colgó un pasacalle con mensajes ofensivos en la vivienda de Espert. La investigación judicial, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, había determinado inicialmente la prisión preventiva de Abaigar, argumentando que su condición de funcionaria pública podría facilitar el entorpecimiento de la causa. Sin embargo, la Cámara Federal revocó esa decisión, destacando que la acusada colaboró con la Justicia al entregar voluntariamente las claves de sus dispositivos electrónicos y que no existen elementos concretos que justifiquen su detención.

En el fallo, los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral señalaron que la expectativa de pena por los delitos imputados no amerita la prisión preventiva y que las condiciones personales de Abaigar, como su residencia fija y la ausencia de antecedentes penales, permiten adoptar medidas alternativas. La funcionaria había estado detenida en el penal de Ezeiza y, posteriormente, bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

El caso ha generado un fuerte debate político y judicial. Sectores del oficialismo y organizaciones sociales denunciaron una supuesta persecución política y presentaron pedidos de juicio político contra la jueza Arroyo Salgado, acusándola de abuso de poder y arbitrariedad. Por su parte, la magistrada defendió su accionar en base a los elementos de la causa y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Con la liberación de Abaigar y otros implicados, solo la concejala de Quilmes, Eva Mieri, permanece detenida. El caso continúa bajo investigación y ha reavivado la discusión sobre el rol de la Justicia en conflictos políticos y la proporcionalidad de las medidas adoptadas en causas de alto impacto público.