La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la media sanción del Presupuesto 2026, marcando un hito en la gestión de Javier Milei al ser el primer proyecto de este tipo que avanza en el Congreso durante su mandato. Sin embargo, la sesión estuvo marcada por la controversia y el rechazo del Capítulo 11, que proponía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Esta decisión expuso las tensiones internas del oficialismo y la dificultad para consolidar apoyos legislativos, incluso entre sus aliados más cercanos.

El rechazo al Capítulo 11 se gestó a partir de la resistencia de gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén), quienes, si bien respaldaron el Presupuesto en general, se opusieron a la eliminación de fondos para universidades y políticas de discapacidad. La presión de asociaciones civiles, movilizaciones sociales y el peso simbólico de los temas involucrados fueron determinantes en la votación. "Discapacidad y educación son temas muy sensibles. Hay que votar contra eso y después salir a la calle", reconoció un diputado oficialista.

Las negociaciones previas y posteriores a la sesión reflejaron la fragmentación política y la necesidad de acuerdos transversales. El ministro del Interior, Diego Santilli, lideró los intentos de diálogo, pero no logró evitar el desmarque de varios legisladores provinciales. Además, la madrugada posterior a la votación estuvo marcada por disputas internas y con el PRO, debido al reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación, lo que generó malestar y recriminaciones entre los aliados.

El Gobierno, que esperaba una victoria más contundente tras el recambio legislativo y el respaldo electoral, debió recalibrar su estrategia. La reforma laboral, otro de los proyectos clave, fue postergada para febrero en el Senado, mientras que el Presupuesto será debatido el próximo 26 de diciembre. En la Casa Rosada, el resultado fue recibido con frustración, y se evaluó incluso la posibilidad de vetar el proyecto, aunque finalmente se optó por avanzar con la versión aprobada en Diputados.

El episodio dejó en evidencia las dificultades del oficialismo para traducir su capital político en mayorías legislativas estables y la importancia de los consensos en un contexto de alta fragmentación. Las próximas semanas serán decisivas para el Gobierno, que deberá negociar nuevas alianzas y buscar alternativas para avanzar con su agenda de reformas, en medio de la presión social y la mirada atenta de los mercados y organismos internacionales.