La Justicia federal realizó este viernes procedimientos en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza y en la calle Viamonte, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y desvío de fondos a través de la empresa TourProdEnter. La medida, ordenada por el juez Adrián González Charvay, buscó secuestrar documentación bancaria y contable que permita esclarecer el destino de millones de dólares administrados por la firma de Javier Faroni.

Según fuentes judiciales, en el predio de Ezeiza solo se incautó una computadora, mientras que en la sede de Viamonte se halló abundante material relevante, extendiéndose el procedimiento durante varias horas. La investigación apunta a determinar si parte de los fondos de la AFA fueron desviados a empresas fantasma y si estos recursos financiaron la compra de una lujosa mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares y presuntamente vinculada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

La AFA, por su parte, negó que se tratara de allanamientos y aseguró que solo se trató de una "requisitoria de documentación" en el marco de actuaciones legales en curso. "El flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarrolla con absoluta normalidad", afirmó la entidad en un comunicado, solicitando responsabilidad en el tratamiento de la información para evitar confusión pública.

El expediente judicial, que también involucra a la empresa Sur Finanzas y a otros clubes, investiga la administración de cerca de 300 millones de dólares en el exterior, provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la Selección Argentina. La hipótesis central es que TourProdEnter habría desviado al menos 42 millones de dólares a sociedades presuntamente falsas.

El caso ha generado una disputa de competencia entre distintos juzgados y mantiene bajo tensión la relación entre la dirigencia de la AFA y la Justicia. Mientras tanto, la causa sigue bajo secreto de sumario y no se descartan nuevos peritajes contables para determinar la legalidad de los movimientos financieros investigados.