El arresto de Lautaro "Laucha" Ghiselli, identificado como el nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central, marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Rosario. El operativo, realizado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) bajo la Ley Antimafia y el Plan Bandera, incluyó 17 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad, principalmente en Pichincha y 7 de Septiembre.

Ghiselli fue capturado en un departamento de Salta al 2400, donde se incautaron dos millones de pesos, 64 gramos de cocaína, 67 cartuchos de bala calibre 9 mm, una camioneta Amarok, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación. El procedimiento fue solicitado por la fiscal provincial Georgina Pairola, quien investiga a Ghiselli como presunto organizador de la banda narco "Los Menores", sospechada de participar en homicidios y de ejercer violencia en el fútbol rosarino.

La detención se produjo en un contexto de creciente violencia en Rosario, donde la disputa de poder entre barras bravas y organizaciones criminales ha dejado múltiples víctimas. Ghiselli asumió el liderazgo de la hinchada tras el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte, histórico referente de la barra, y su nombre aparece vinculado a otros hechos violentos y a la estructura narco que opera en el noroeste de la ciudad.

Tras el arresto, una bandera con amenazas dirigidas a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue colgada en un puente de Plaza Alberdi, lo que activó un nuevo despliegue policial y una investigación penal. Las autoridades buscan determinar si el hecho está relacionado con la detención de Ghiselli y con las declaraciones públicas de los funcionarios, quienes han reforzado los controles de seguridad de cara a los próximos partidos de Rosario Central, especialmente el clásico contra Newell's Old Boys.

"No solo cae quien ejecuta, también quien da las órdenes. Guerra sin cuartel", expresó Bullrich en redes sociales, mientras que el ministro Cococcioni subrayó la necesidad de que los clubes asuman parte de los costos de los operativos de seguridad. La ofensiva judicial y policial busca desarticular las mafias vinculadas al narcotráfico y a la violencia en el fútbol, en un esfuerzo conjunto entre fuerzas federales y provinciales.

El caso de Ghiselli refleja la compleja trama de criminalidad que atraviesa Rosario, donde la lucha por el control de la barra brava y el narcotráfico sigue generando repercusiones políticas y sociales. Las investigaciones continúan, y se espera que la audiencia imputativa arroje más detalles sobre la estructura y los vínculos de la organización.