El Gobierno argentino ha oficializado la creación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una medida que busca agilizar la resolución de conflictos entre los usuarios del sistema de salud y los prestadores médico-asistenciales. La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 379/2025, responde al aumento exponencial de amparos judiciales en el ámbito sanitario, que crecieron un 471,79% entre 2023 y 2024.

PROMESA, que estará operativo a partir de agosto de 2025, permitirá a los ciudadanos optar por una instancia de mediación antes de recurrir a la justicia. Este procedimiento, de carácter voluntario, se regirá por principios de celeridad, confidencialidad y voluntariedad, con plazos de resolución que oscilan entre 5 y 7 días. Además, se garantizará el acceso a patrocinio jurídico gratuito para quienes no puedan costearlo.

El Ministerio de Justicia será el encargado de implementar y regular el sistema, mientras que el Ministerio de Salud tendrá un rol clave en la capacitación de mediadores especializados. Según el decreto, esta capacitación será obligatoria para asegurar la idoneidad de los profesionales en la resolución de conflictos sanitarios.

El contexto que llevó a la creación de PROMESA incluye un aumento sostenido de litigios en salud desde 2022, con un impacto significativo en la saturación del sistema judicial. Las causas más comunes de estos amparos incluyen la cobertura de tratamientos de alta complejidad y medicamentos costosos, así como el incremento de cuotas en las entidades de medicina prepaga.

El Gobierno ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar este modelo en sus jurisdicciones, con el objetivo de ampliar su alcance y efectividad. "El procedimiento permitirá producir información estadística que fortalezca la transparencia y la toma de decisiones informadas en las políticas públicas de salud", destacaron las autoridades.

Si bien la medida ha sido bien recibida por su potencial para descongestionar el sistema judicial y ofrecer soluciones más rápidas a los ciudadanos, algunos críticos han señalado que su efectividad dependerá de la implementación adecuada y de la capacidad de los mediadores para abordar casos complejos.

En definitiva, PROMESA representa un paso importante hacia la modernización y eficiencia en la resolución de conflictos en el ámbito de la salud, con miras a garantizar un acceso más equitativo y ágil a los derechos sanitarios de la población.