Una investigación conjunta entre la Municipalidad de Neuquén, la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal permitió desbaratar una presunta red dedicada a la venta ilegal de licencias de conducir. El caso se inició tras la detección de una credencial apócrifa durante un control de tránsito, lo que encendió las alarmas sobre posibles irregularidades en la emisión de estos documentos.

Según fuentes oficiales, la pesquisa comenzó cuando un chofer profesional, al que se le había rechazado la renovación de su licencia por no cumplir con los requisitos legales, fue interceptado días después portando una licencia aparentemente válida. Sin embargo, al ser verificada en el sistema SINALIC, se comprobó que no existía registro alguno de ese documento. Este hallazgo motivó la denuncia formal por parte de la Municipalidad y el inicio de una investigación más amplia.

Las tareas investigativas, encabezadas por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén, permitieron identificar una operatoria que ofrecía licencias nacionales de conducir a través de redes sociales y contactos telefónicos, eludiendo los trámites y exámenes obligatorios. Los interesados pagaban entre $160.000 y $300.000 por obtener el carnet sin cumplir con las exigencias legales.

Como resultado de la investigación, la Justicia ordenó tres allanamientos simultáneos en domicilios de la capital neuquina. Durante los procedimientos, se secuestraron doce teléfonos celulares, una tablet, un router, nueve licencias nacionales de conducir y sellos aclaratorios presuntamente utilizados en la maniobra. Cuatro personas mayores de edad, dos de ellas empleados municipales, fueron demoradas y puestas a disposición de la Fiscalía interviniente, aunque posteriormente recuperaron la libertad.

Las autoridades municipales y judiciales continúan analizando la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, mientras no descartan la existencia de más licencias emitidas bajo esta modalidad ni la posible participación de otros involucrados. El caso ha generado preocupación en la comunidad por el impacto en la seguridad vial y la necesidad de reforzar los controles institucionales para evitar nuevas irregularidades.