El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales argentinas sigue sin resolución, mientras el Gobierno y los rectores mantienen negociaciones para destrabar la situación. La propuesta oficial presentada incluye un aumento salarial del 24% para los docentes universitarios, fondos adicionales para hospitales universitarios y mejoras en las becas Manuel Belgrano, que permanecen congeladas desde 2024. Además, el Ministerio de Economía habría autorizado una partida de $800.000 millones para el sector, según fuentes universitarias.

Sin embargo, el acuerdo enfrenta un obstáculo central: el Ejecutivo exige que los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) retiren la demanda judicial que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso. Los rectores, por su parte, se niegan a desistir del reclamo judicial y proponen informar a la Justicia sobre los avances en las negociaciones, pero sin renunciar a la ley. "No estamos dispuestos a renunciar a la ley", remarcaron fuentes del CIN.

La disputa legal se encuentra ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe decidir sobre la constitucionalidad de la ley y la validez de la cautelar que favorecía a las universidades. Mientras tanto, la cautelar está suspendida y no hay plazos definidos para una resolución. El Gobierno argumenta que la ley es inviable fiscalmente, ya que su implementación requeriría reasignar el 90% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado, lo que pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

En paralelo, los gremios docentes y no docentes universitarios mantienen medidas de fuerza, incluyendo paros y clases públicas, para visibilizar el conflicto y reclamar una solución. El impacto fiscal de la ley se estima en el 0,23% del PBI, mientras que el financiamiento por estudiante y los salarios docentes han caído significativamente desde 2023.

El conflicto universitario se suma a otros reclamos provinciales por fondos ante la Corte Suprema, lo que aumenta la presión sobre el máximo tribunal. La resolución de la Corte será determinante para el futuro del financiamiento universitario y podría sentar un precedente para otros conflictos presupuestarios entre el Estado nacional y las provincias.