La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua de Matías Ernesto "El Bicho" Álvarez, un narcotraficante oriundo de Venado Tuerto, por ordenar desde prisión una serie de extorsiones y el homicidio de Érica Ávalos, una joven de 25 años asesinada en Firmat en diciembre de 2022. El fallo, emitido por la Sala I del máximo tribunal penal del país, ratifica la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario, que consideró a Álvarez responsable como autor intelectual de los delitos.

Según la investigación judicial, Álvarez ejercía control territorial para la venta de drogas y, desde la cárcel de Rawson, impartía órdenes a miembros de su organización utilizando líneas telefónicas locales. La acusación, sostenida por el fiscal general Federico Reynares Solari y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero, se basó en una serie de pruebas indirectas, como audios, capturas de pantalla y testimonios, que acreditaron la participación de Álvarez en los hechos.

El crimen de Ávalos ocurrió el 28 de diciembre de 2022, alrededor de las 3:30, en las inmediaciones de las calles San Juan y Tiro Federal de Firmat. Dos individuos en motocicleta interceptaron a la joven y le dispararon 17 veces, en lo que la fiscalía describió como un acto de venganza vinculado a negocios ilícitos de tráfico de estupefacientes. Además, Álvarez fue hallado culpable de dos hechos consumados de extorsión y uno en grado de tentativa, realizados mediante videollamadas desde prisión para exigir dinero a las víctimas.

Durante el juicio, la defensa de Álvarez argumentó que la condena se basó en una supuesta autoría mediata sin pruebas directas ni identificación de los autores materiales. Sin embargo, la Cámara de Casación consideró que los elementos probatorios y los testimonios presentados permitieron establecer de manera razonable la responsabilidad de Álvarez como instigador y autor intelectual. El tribunal destacó la intención consciente y el dominio ejercido por el acusado sobre su organización, incluso estando privado de libertad.

La sentencia fue respaldada por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Daniel Petrone, quienes valoraron la fundamentación del fallo y la jurisprudencia sobre delitos cometidos por líderes criminales encarcelados. El caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario para evitar que organizaciones delictivas continúen operando desde el interior de las cárceles, y refuerza la importancia de la figura de autoría mediata en la persecución penal de estos delitos.