El sector fluvial argentino vivió una jornada de paro total de actividades este 27 de mayo, en rechazo al Decreto 340/2025, que desregula el transporte por agua y flexibiliza condiciones laborales. La medida, impulsada por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), paralizó operaciones en puertos y embarcaciones de todo el país, afectando gravemente la logística del comercio exterior.

El decreto, publicado recientemente, establece un régimen de excepción para la Marina Mercante, eliminando requisitos para la matrícula nacional de buques y permitiendo que embarcaciones extranjeras operen bajo condiciones locales. Según los gremios, estas políticas benefician a actores transnacionales, reducen derechos laborales y ponen en riesgo la industria naval argentina. Además, denuncian que la normativa podría generar una reducción del 30% en los salarios del personal embarcado y afectar el sistema de obras sociales.

En Rosario, epicentro de las protestas, los gremios se concentraron frente a la Bolsa de Comercio, donde se llevaba a cabo una reunión técnica sobre la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná. A pesar de las manifestaciones, el encuentro contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, quien respaldó las medidas de desregulación y discutió proyectos para reactivar conexiones fluviales entre Santa Fe y Buenos Aires.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales denunció que el paro viola la normativa vigente, que obliga a garantizar al menos el 75% de los servicios esenciales en áreas críticas para la economía nacional. En una nota dirigida al gobierno, la entidad solicitó medidas urgentes para recomponer la paz social y garantizar la operatividad de los puertos.

El impacto del paro fue significativo. Remolcadores, buques tanque, portacontenedores y lanchas de prácticos suspendieron sus actividades, mientras que las empresas mantuvieron guardias mínimas para garantizar la seguridad de las embarcaciones y el medio ambiente. Los gremios advirtieron que esta medida es solo el comienzo y no descartan nuevas acciones si no se revisan las políticas cuestionadas.

El conflicto pone de manifiesto las tensiones entre los intereses gremiales, empresariales y gubernamentales en torno a la desregulación del transporte fluvial. Mientras el gobierno defiende la medida como una forma de reducir costos y aumentar la competitividad, los gremios y analistas advierten sobre sus posibles consecuencias negativas para la industria naval, los derechos laborales y la soberanía nacional. El futuro del sector fluvial argentino parece depender de una negociación que aún no tiene fecha definida.