En la madrugada posterior a la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner, un grupo de aproximadamente 70 militantes atacó violentamente el edificio de los canales TN y eltrece, ubicados en el barrio porteño de Constitución. Los agresores forzaron la entrada principal, rompieron vidrios, dañaron vehículos y dejaron pintadas intimidatorias en el lugar, en un episodio que fue rápidamente repudiado por entidades periodísticas y funcionarios del Gobierno.

La Policía de la Ciudad, a través del Centro de Monitoreo Urbano, logró identificar y detener a Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi, empleado del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quien fue captado por las cámaras de seguridad durante el ataque. El Gobierno confirmó que Grasso Rivaldi será desvinculado del organismo estatal tras su detención. Además, las autoridades identificaron a otros participantes, entre ellos José Lepere, exfuncionario del Ministerio del Interior durante la gestión de Alberto Fernández y dirigente de La Cámpora, así como a otros militantes vinculados a la agrupación kirchnerista.

El ataque se produjo luego de una manifestación en apoyo a la expresidenta frente a su domicilio, tras la ratificación de su condena por corrupción en la causa Vialidad. Parte de los manifestantes se dirigió hacia el edificio de Artear, donde causaron destrozos y dejaron mensajes contra el Grupo Clarín. Según fuentes policiales, los implicados están siendo identificados y podrían ser citados a declarar o detenidos en los próximos días.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado repudiando el accionar violento y exigiendo una investigación urgente, así como mayor protección para los medios y periodistas. El vocero presidencial y legisladores de la oposición también manifestaron su solidaridad con los trabajadores de prensa afectados.

Estos hechos se suman a antecedentes de ataques a medios durante momentos de alta tensión política en el país, reflejando la persistente polarización y el debate sobre la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. La investigación judicial continúa y se esperan nuevas medidas en los próximos días.