Este viernes 20 de febrero, Córdoba fue escenario de una importante movilización de gremios estatales, quienes presentaron un amparo colectivo ante la Justicia provincial para frenar los efectos de la reciente reforma previsional. La Ley de Equidad Jubilatoria (N.º 11.087), aprobada en diciembre de 2025, permite incrementar los aportes personales de los trabajadores activos hasta un 8% adicional y modifica el cálculo de los haberes de los jubilados.

La protesta, que reunió a 23 organizaciones sindicales en las escalinatas de Tribunales I, estuvo acompañada por equipos jurídicos y representantes gremiales. "Buscamos frenar el recorte que sufren los salarios de los activos y la degradación de las jubilaciones. Córdoba no puede ser la punta de lanza de un ajuste que vacía los bolsillos de quienes aportaron toda su vida", señalaron referentes sindicales.

En paralelo, la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de Córdoba admitió una acción de amparo y concedió una medida cautelar a favor de cinco empleadas públicas, ordenando la restitución de los descuentos realizados por la aplicación de la ley. El tribunal verificó que los incrementos salariales pactados por paritarias quedaron absorbidos por la nueva alícuota adicional, lo que neutraliza cualquier mejora futura y afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.

El fallo judicial destacó la "desigualdad de sacrificio" en el reparto del peso financiero de la emergencia previsional, ya que el costo recae exclusivamente sobre los trabajadores activos, mientras los empleadores no ven incrementadas sus contribuciones. Además, el tribunal consideró que la normativa podría comprometer derechos adquiridos y ordenó a la Provincia abstenerse de aplicar los artículos cuestionados, así como restituir los descuentos ya realizados.

El conflicto se inscribe en una serie de protestas y acciones judiciales que los sindicatos vienen llevando adelante desde principios de año, en reclamo por la suba de los aportes personales y la exigencia de que Nación envíe los fondos adeudados a la Provincia. El gobernador Martín Llaryora defendió la reforma argumentando criterios de equidad distributiva, mientras la oposición y los gremios continúan rechazando la medida.

La disputa judicial exhibe criterios divergentes entre las distintas cámaras provinciales, lo que añade complejidad al proceso. El debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional cordobés y el déficit de la Caja de Jubilaciones sigue marcando la agenda política local, con implicaciones futuras para el financiamiento y la equidad del sistema.