Un brutal crimen conmocionó a la localidad de Dorrego, en Guaymallén, Mendoza, tras el hallazgo del cuerpo descuartizado y calcinado de César Darío Rodas, de 41 años, en la vivienda de Adriana Valeria Suárez. La mujer, de 40 años, cumplía prisión domiciliaria por robo agravado y fue detenida junto a dos hombres, Marcelo Rubén Altamirano y Damián Rolando Contreras, ambos con antecedentes penales.

El hecho se descubrió la noche del miércoles, luego de que un ex cuñado de Suárez se presentara en la comisaría con imágenes impactantes del torso mutilado de la víctima, enviadas por la propia acusada. Al llegar al domicilio, la policía encontró resistencia para ingresar, por lo que se ordenó un allanamiento urgente. Una vez dentro, los efectivos hallaron restos humanos distribuidos en distintos sectores de la casa y evidencias de que el cuerpo había sido quemado en una parrilla.

Según la declaración de Suárez, el crimen se produjo tras un presunto intento de abuso sexual de Rodas contra una de sus hijas, de 16 años. La mujer afirmó haber actuado en defensa de la menor, versión que también fue relatada por la adolescente en su testimonio. Sin embargo, la fiscalía, a cargo de Andrea Lazo, investiga la veracidad de estos dichos y el grado de participación de los otros detenidos.

Vecinos del barrio describieron a Suárez como una persona conflictiva y señalaron que la vivienda era escenario frecuente de peleas y situaciones problemáticas. Algunos relataron que la mujer había protagonizado episodios violentos previos, incluso contra animales domésticos. La casa, ubicada en Adolfo Calle al 1900, era habitada por Suárez, sus hijas y los dos hombres ahora detenidos.

La investigación continúa para esclarecer los roles de cada implicado y determinar si el móvil alegado por Suárez se sostiene. Mientras tanto, los menores de la vivienda fueron puestos bajo resguardo y la fiscalía evalúa imputar a los tres adultos por homicidio simple, delito que prevé penas de 8 a 25 años de prisión. El caso ha generado conmoción en la comunidad y reabre el debate sobre la reincidencia y el control de personas con antecedentes penales bajo prisión domiciliaria.