El Gobierno argentino ha presentado al Congreso un proyecto de reforma laboral que incluye la eliminación de impuestos específicos que financian la cultura, el cine y los medios públicos. Según el texto, los artículos 195 y 196 proponen derogar gravámenes que actualmente sostienen el Fondo de Fomento Cinematográfico, el Instituto Nacional del Teatro y Radio y Televisión Argentina, entre otros organismos. De aprobarse, estos entes perderían sus principales fuentes de financiamiento y pasarían a depender de partidas asignadas discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y varios ministros, ha generado una fuerte reacción en el sector cultural y sindical. María Ana Mandakovic, secretaria general de Cispren, advirtió que la derogación de estos artículos "atenta directamente contra la libertad de expresión y el acceso a las fuentes informativas". Por su parte, referentes del sector audiovisual señalaron que la medida implica el "desfinanciamiento total" del cine nacional y un retroceso a la situación previa a la sanción de la Ley de Cine.

El proyecto llega en un contexto de ajuste y reformas estructurales impulsadas por el Gobierno, que ya había intentado modificar estos fondos en la llamada Ley Ómnibus, pero debió retroceder ante la presión social. Ahora, sindicatos y organizaciones culturales han convocado a movilizaciones y asambleas para rechazar la medida, advirtiendo sobre el impacto en la producción nacional y la diversidad cultural.

El Gobierno sostiene que la reforma busca modernizar y racionalizar el gasto público, pero enfrenta una fuerte resistencia de actores culturales y sociales, que denuncian un "apagón cultural" y llaman a la unidad para defender los fondos de fomento. El debate en el Congreso y las posibles acciones judiciales marcarán el futuro de la política cultural en Argentina.