La reforma laboral propuesta por el oficialismo argentino ha generado un nuevo foco de tensión en el Senado, especialmente entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora Patricia Bullrich. El principal punto de discordia es el artículo que plantea transferir la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires, una medida que ha dividido opiniones dentro del propio oficialismo y entre los bloques aliados.

Según fuentes parlamentarias, Villarruel advirtió a Bullrich que insistir con el traspaso de la justicia laboral podría poner en riesgo la aprobación de toda la ley. "Tener la mayoría de los votos no es garantía de que ese artículo no haga caer la ley", habría señalado la vicepresidenta, quien recomendó eliminar el artículo conflictivo a través de una ley específica durante el próximo período ordinario. Sin embargo, Bullrich, respaldada por senadores y la Casa Rosada, mantuvo su postura a favor de la transferencia, argumentando que cada jurisdicción debe tener su propia justicia.

El Gobierno, por su parte, aceleró las negociaciones con la administración de Jorge Macri para avanzar en el traspaso de competencias, presentando un convenio que excluye de la transferencia los conflictos colectivos, la negociación colectiva y temas sindicales. A pesar de los esfuerzos por alcanzar un consenso, la noche previa a la sesión legislativa, Villarruel se retiró del Senado con la esperanza de que el artículo fuera retirado del proyecto, aunque finalmente se confirmó que se mantenía en pie.

Esta situación ha puesto a Villarruel en una posición incómoda, ya que teme quedar asociada a una decisión que podría resultar impopular. Por otro lado, Bullrich enfrenta el desafío de equilibrar su relación con la vicepresidenta y la Casa Rosada, en un contexto de tensiones recurrentes entre ambas figuras. No es la primera vez que se producen roces entre Villarruel y Bullrich, quienes ya han tenido desacuerdos en el pasado por cuestiones de procedimiento y alianzas políticas.

La reforma laboral sigue siendo una de las principales apuestas del Gobierno para modernizar el mercado de trabajo, pero las diferencias internas y la falta de consenso sobre puntos clave como el traspaso de la justicia laboral amenazan con complicar su aprobación. El desenlace de este conflicto será determinante para el futuro de la iniciativa y para la dinámica política dentro del Senado.