La disputa judicial internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que la Corte de Apelaciones de Nueva York resolviera dividir en cuatro las apelaciones presentadas por la Argentina. Esta decisión permitirá al país presentar recursos simultáneos y, según fuentes oficiales, ganar tiempo en un proceso que podría tener consecuencias económicas y políticas de gran magnitud.

El fallo original, dictado por la jueza Loretta Preska, obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a fondos demandantes como Burford Capital y Bainbridge Fund, en el marco de una condena que supera los 16.000 millones de dólares. El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, apeló la sentencia y advirtió que, de no obtener una suspensión, recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos.

En paralelo, la jueza Preska convocó a una audiencia urgente para el 15 de julio, con el objetivo de destrabar la entrega de información sobre activos estatales, entre ellos Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, que los demandantes buscan embargar. El oficialismo sostiene que la transferencia de acciones requiere la aprobación del Congreso argentino y que las acciones están en la Caja de Valores, lo que imposibilita su entrega inmediata.

El conflicto tiene su origen en la expropiación de YPF en 2012, impulsada por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, quien ahora rechaza las acusaciones del Gobierno nacional y denuncia supuestos vínculos entre la actual administración y los fondos litigantes. Analistas señalan que el caso no solo implica un alto costo económico, sino que también afecta la imagen internacional de la Argentina y la confianza de los mercados.

Mientras tanto, el Gobierno celebra la decisión de la Corte de Apelaciones como una "pequeña victoria" en un escenario judicial complejo, aunque reconoce que el camino hacia una resolución definitiva es incierto y podría prolongarse durante años. La estrategia oficial apunta a dilatar la ejecución del fallo y evitar consecuencias irreversibles para el patrimonio estatal, en un contexto de creciente presión legal y financiera.