La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves la continuidad en prisión de Gastón Ariel Mercanzini, el hombre condenado por arrojar una botella contra la caravana presidencial de Javier Milei durante la asunción del mandatario en diciembre de 2023. La decisión, adoptada de manera unánime por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, rechazó el recurso presentado por la defensa de Mercanzini, dejando firme la negativa a concederle la libertad condicional.

El tribunal consideró que el juzgado de ejecución había fundamentado correctamente el rechazo al beneficio procesal, señalando que "el tribunal de mérito expuso adecuadamente las razones que determinaron su decisión y no se verifica la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad que afecte la validez del resolutorio". Además, los magistrados destacaron que los argumentos de la defensa no evidenciaban irregularidades en la resolución apelada y que la decisión contaba con los fundamentos jurídicos necesarios.

El episodio que originó la causa ocurrió el 10 de diciembre de 2023, cuando Milei se trasladaba desde el Congreso de la Nación hacia la Casa Rosada. En la intersección de Avenida de Mayo y Montevideo, en el centro de Buenos Aires, una botella de vidrio fue arrojada hacia la caravana presidencial, impactando en el subcomisario Guillermo Armentano, quien resultó herido.

Mercanzini se entregó al día siguiente y, durante la investigación, manifestó estar desocupado, tener problemas de adicción y encontrarse en situación de calle. En mayo de 2024, la jueza María Eugenia Capuchetti homologó un acuerdo de juicio abreviado, unificando la condena por el ataque con una previa por violencia de género, resultando en una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva.

El pedido de libertad condicional fue rechazado en primera instancia debido a que Mercanzini no mantuvo la calificación mínima de "buena" conducta y tenía un expediente disciplinario en trámite. Además, el domicilio propuesto para el beneficio estaba en una ciudad donde tenía prohibido ingresar por la condena de violencia de género. Finalmente, la Cámara de Casación consideró inadmisible el recurso de la defensa, priorizando la seguridad y los antecedentes del condenado.

El caso ha generado atención pública y mediática, en un contexto de alta sensibilidad por la seguridad presidencial. La decisión del tribunal refuerza la postura de la Justicia respecto a la gravedad de los hechos y la importancia de los antecedentes y la conducta en prisión al evaluar beneficios procesales.