La muerte de Tomás Elías Orihuela, un joven de 19 años que falleció tras ser hallado ahorcado en una celda de la Comisaría Sexta de Córdoba, ha generado una fuerte conmoción social y un reclamo de justicia por parte de sus familiares y allegados. El caso, que se encuentra bajo investigación judicial, expone posibles irregularidades en los procedimientos policiales y revive el debate sobre la violencia institucional en Argentina.

Orihuela había recuperado la libertad el 24 de abril, tras pasar cuatro meses detenido en el penal de Bouwer. Sin embargo, en menos de 48 horas fue arrestado dos veces por efectivos policiales, debido a órdenes de captura que, según la familia, ya estaban caducadas pero seguían figurando en el sistema. En audios enviados a su madre, el joven expresó su temor a ser detenido nuevamente y denunció sentirse hostigado por la policía del barrio. “Me quiero ir de acá del Bajo porque tengo miedo de que me frenen en algún control y me lleven por nada”, relató en uno de los mensajes.

La última detención ocurrió el 26 de abril, cuando fue trasladado a la comisaría y, según la versión oficial, fue hallado ahorcado en su celda. El informe preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, sin signos de golpes recientes. No obstante, la familia de Orihuela desconfía de la versión policial y denuncia persecución y violencia institucional. “Nosotros sabemos que nuestro hermano no se quitó la vida. Nadie se suicida en una comisaría”, afirmó su hermana Micaela durante una manifestación frente a Tribunales II.

La fiscalía, a cargo de Andrés Godoy, investiga la posible instigación al suicidio y la responsabilidad de los agentes involucrados. Cinco policías han sido separados preventivamente de la fuerza mientras avanza la causa. Entre las medidas adoptadas, se analiza el contenido de los teléfonos secuestrados y las grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

El caso de Tomás Orihuela ha reavivado el debate sobre los controles policiales y la violencia institucional en Córdoba, mientras la familia y la sociedad exigen respuestas y justicia.