La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la muerte de Marcela Brenda Iglesias, una niña de seis años que falleció el 5 de febrero de 1996 al ser aplastada por una escultura metálica en el Paseo de la Infanta, en Palermo, Ciudad de Buenos Aires. El fallo, notificado el 9 de marzo de 2026, responsabiliza a la Argentina por no garantizar la seguridad en espacios públicos y por la falta de una investigación judicial eficaz.

Según la sentencia, la escultura de más de 200 kilogramos estaba mal instalada, presentaba signos de oxidación y no contaba con las medidas de seguridad adecuadas. El accidente ocurrió durante una excursión escolar, y otras dos niñas resultaron heridas. La investigación inicial determinó múltiples irregularidades en la instalación y mantenimiento de la obra, así como en la concesión del espacio público.

El proceso penal en Argentina se extendió por casi nueve años, marcado por recursos y dilaciones, hasta que en 2005 la causa fue archivada por prescripción, dejando impunes a los responsables. Los padres de Marcela, Nora Ribaudo y Eduardo Iglesias, buscaron justicia durante tres décadas, acompañados por organizaciones como Madres del Dolor.

La CorteIDH ordenó al Estado argentino indemnizar a la familia de la víctima, crear un espacio memorial y recreativo en honor a Marcela, y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Además, instó a la compilación y publicación de la normativa aplicable para prevenir hechos similares.

El fallo subraya la obligación de los Estados de garantizar la seguridad de los niños en espacios públicos y de actuar con diligencia en la investigación de hechos que vulneren derechos fundamentales. La sentencia es de cumplimiento obligatorio para Argentina, que aceptó la jurisdicción de la CorteIDH al adherir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El caso de Marcela Iglesias se convierte así en un símbolo de la lucha por la justicia y la protección de la niñez, y marca un precedente sobre la responsabilidad estatal en la prevención de tragedias evitables y en la garantía de acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.