El proceso judicial por el asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en Río Cuarto, Córdoba, entra en una etapa decisiva con el inicio del jury de enjuiciamiento contra tres fiscales acusados de mal desempeño. Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes estuvieron a cargo de la investigación durante distintos períodos, enfrentarán audiencias a partir del 21 de abril en la Legislatura Unicameral de Córdoba. El tribunal, presidido por Julieta Rinaldi, deberá decidir antes del 28 de mayo si los fiscales continúan en sus cargos o son destituidos.

La acusación, impulsada por la fiscal general adjunta Bettina Croppi, se fundamenta en la presunta negligencia y falta de resultados en la investigación del femicidio de Dalmasso, cuyo crimen permanece impune tras casi dos décadas. Un total de 37 testigos, entre ellos el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos Valentina y Facundo, han sido citados para declarar. Facundo Macarrón, en declaraciones a diversos medios, fue contundente: “No sólo son cómplices de la impunidad sino también del linchamiento que sufrió mi mamá. Este es un caso inédito de violencia de género y violencia institucional”.

El caso cobró nueva relevancia en 2024, cuando el fiscal Pablo Jávega identificó que un perfil genético hallado en la escena del crimen coincidía con el ADN de Roberto Bárzola, parquetista que trabajó en la vivienda de la víctima. La familia Macarrón sostiene que esta prueba estuvo disponible desde el inicio, pero que los fiscales no la investigaron adecuadamente, optando por otras hipótesis y llegando incluso a imputar a miembros de la familia. “El asesino, y ya sabemos quién es, está suelto. La violó, la mató y sigue suelto por las calles de Río Cuarto”, afirmó Facundo Macarrón.

El proceso de jury es considerado un hecho inédito en la provincia y podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales en casos de alto impacto social. El tribunal tiene hasta el 28 de mayo para dictar su veredicto, mientras la familia de la víctima y la sociedad cordobesa esperan una resolución que ponga fin a años de impunidad y controversia.