Una boda de alto perfil celebrada en la reserva natural Quebrada de las Conchas, en Cafayate, Salta, desató un escándalo nacional tras revelarse presuntas irregularidades en los permisos para utilizar el área protegida. El evento, conocido como "Cafayate Fantasy", reunió a 110 invitados y fue organizado por Nicole Pocoví y Federico Maran, ambos vinculados a familias empresariales y figuras públicas.

La celebración, que se extendió durante cuatro días, incluyó carpas, luces, DJ y proyecciones sobre las formaciones rocosas, generando preocupación por el impacto ambiental en una zona de alto valor ecológico. El lugar exacto del evento se mantuvo en secreto hasta último momento, y los invitados solo lo conocieron al abordar los transportes dispuestos por los organizadores.

La polémica estalló cuando el gobierno de Salta denunció que el permiso presentado para la realización de la boda era falso. El secretario de Ambiente de la provincia, Alejandro Aldazábal, afirmó que su firma fue adulterada en el documento y que nunca autorizó el evento. "No autoricé nada, ese documento es falso. Actuaremos hasta las últimas consecuencias", declaró el funcionario.

La Fiscalía Penal de Cafayate inició una investigación por presunta falsificación de instrumento público y posible delito ambiental. Además, se aplicó una multa a los responsables y se evalúan medidas de recomposición ambiental. La intendenta de Cafayate, Rita Guevara, también presentó una denuncia penal y expresó el malestar de la comunidad local por el uso indebido del área protegida.

Por su parte, Lucía Grajales Soriano, quien se identificó como propietaria de una vivienda en la reserva, defendió la legalidad del evento y aseguró que se habían considerado todos los permisos pertinentes. Sin embargo, las autoridades provinciales reiteraron que las autorizaciones solo son válidas si se emiten a través de los canales oficiales y con respaldo técnico y jurídico.

El caso reavivó el debate sobre el uso de espacios naturales, la protección ambiental y la influencia de figuras públicas en la obtención de permisos. Mientras la investigación judicial avanza, el escándalo continúa generando repercusiones en redes sociales y medios nacionales, poniendo en foco la necesidad de reforzar los controles sobre actividades en áreas protegidas.