Abogados de la provincia de Buenos Aires recurrieron a la Justicia para intentar revertir una ley recientemente promulgada que limita los viáticos de la Caja de Abogados y reduce la sobretasa de Justicia, una fuente clave de financiamiento para la entidad. La normativa, impulsada por el diputado Facundo Tignanelli y promulgada en diciembre por el gobernador Axel Kicillof, recorta la sobretasa del 10% al 5% y elimina los viáticos y gastos de representación para los 40 directores de la caja, que superaban los 2.000 millones de pesos anuales.

El presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados, Fabián Gerardo Portillo, presentó un amparo para frenar la aplicación de la ley y restituir los beneficios eliminados, pero la Justicia desestimó el pedido. Sin embargo, la Asociación de Abogados Jubilados presentó un nuevo amparo, que actualmente tramita en el Juzgado en lo Civil y Comercial 8 de La Plata, a cargo de Leonardo Villegas.

La ley establece que el 5% de la sobretasa de Justicia tendrá un destino específico, y elimina partidas millonarias destinadas a viáticos, traslados, alojamiento y relaciones públicas. Según datos citados en la Legislatura, en 2025 los directores de la caja disponían de 756 millones de pesos para viáticos, 78 millones para traslados y 72 millones para alojamiento. Además, la caja invierte el 51% de sus fondos en títulos estadounidenses, el 40% en títulos nacionales en dólares y el 8% en títulos provinciales en dólares, con gastos de comisiones en el exterior que alcanzan los 1.400 millones de pesos.

El proyecto fue aprobado en una sesión maratónica del Senado bonaerense, junto a otras reformas como el endeudamiento y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Provincia. La iniciativa contó con el respaldo de más de dos tercios de los legisladores, incluyendo parte de la oposición. "Se acabó el champagne y las cenas para los directores que pagan todos los bonaerenses", afirmó Tignanelli durante el debate parlamentario.

El recorte de fondos a la Caja de Abogados se enmarca en un contexto de ajuste y revisión del gasto público en la provincia de Buenos Aires. Mientras los impulsores de la ley sostienen que la medida mejora la transparencia y el uso de recursos públicos, los abogados afectados advierten sobre el impacto en la sustentabilidad de la caja y la representación profesional. El debate continúa en los tribunales, a la espera de una resolución judicial definitiva.