El caso del intento de magnicidio contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha tomado un nuevo giro con la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de reasumir la investigación. Este cambio de enfoque ha puesto en el centro de la escena a la Policía Federal Argentina (PFA) y su actuación en los días posteriores al ataque.

La jueza Capuchetti, quien había delegado la causa al fiscal Carlos Rívolo en 2022, decidió retomar el control del expediente argumentando la necesidad de un nuevo enfoque. Entre sus primeras medidas, citó a declarar a cuatro policías que investigaron irregularidades en el caso, incluyendo la actuación de la PFA en la detención de Brenda Uliarte, pareja de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó disparar contra Fernández de Kirchner.

Un video revelado recientemente muestra a Uliarte saliendo de un edificio en Barracas y pasando frente a dos agentes de la PFA que no la detuvieron, a pesar de que ya existía una orden de captura en su contra. La joven fue arrestada una hora y media después en la estación Palermo del tren San Martín, gracias a la geolocalización de su celular. Este episodio ha generado críticas sobre la posible negligencia o complicidad de los agentes involucrados.

Además, la actuación de la PFA ha sido cuestionada por el manejo del celular de Sabag Montiel, que terminó bloqueado y en estado de fábrica, perdiéndose información potencialmente clave para la investigación. La jueza Capuchetti ha señalado que estas irregularidades serán parte de la nueva etapa de la investigación, que también busca identificar a los autores intelectuales del ataque.

El caso ha estado marcado por controversias desde el inicio, incluyendo la pérdida de datos clave, cuestionamientos a la imparcialidad de la jueza y la eliminación del diputado Gerardo Milman como imputado en la causa. Milman, quien había sido señalado por un testigo como posible autor intelectual, ha negado las acusaciones y celebrado el cambio de enfoque en la investigación.

Por su parte, la defensa de Uliarte ha intentado declararla inimputable, pero peritos confirmaron que está en condiciones de afrontar el juicio. La querella de Fernández de Kirchner ha criticado la actuación de la PFA y la jueza Capuchetti, mientras que la Cámara Federal deberá decidir si esta última puede continuar al frente de la causa.

El caso sigue generando controversias y plantea interrogantes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial en un caso de alta sensibilidad política. La resolución de estas cuestiones será clave para determinar las responsabilidades en un hecho que conmocionó al país.