El empresario argentino Federico “Fred” Machado será extraditado este miércoles a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico, lavado de dinero y estafas. La decisión fue tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de octubre y ratificada por el Poder Ejecutivo, que instruyó a las autoridades pertinentes para coordinar el operativo de traslado. Machado, de 57 años, se encuentra alojado en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina en Buenos Aires, a la espera de su partida hacia Texas bajo la custodia de U.S. Marshals.

Machado fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Neuquén por una alerta roja de Interpol, a pedido de la justicia estadounidense. Desde entonces, permanecía bajo prisión domiciliaria, medida que perdió el 8 de octubre de 2025 por incumplimientos procesales. El juez federal Gustavo Villanueva ordenó su traslado a una dependencia policial, donde permanece hasta la extradición.

El empresario está acusado de liderar una organización transnacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y a la estafa de inversores mediante la compra y venta de aeronaves. Según documentos judiciales, entre 2015 y 2020, la red habría movido decenas de millones de dólares. En el mismo expediente, dos socias de Machado ya fueron condenadas en Texas a 16 y 5 años de prisión, respectivamente.

El caso cobró relevancia en Argentina por la vinculación de Machado con presuntos aportes irregulares a campañas políticas, especialmente la de José Luis Espert en 2019. La investigación reveló una transferencia de 200.000 dólares y la existencia de un contrato por un millón de dólares entre ambos, además de numerosos vuelos en aeronaves del empresario. Espert negó haber recibido dinero ilegal y aseguró que se trató de un pago por una consultoría minera en Guatemala. Sin embargo, el escándalo lo llevó a renunciar a su candidatura a diputado nacional y a pedir licencia en el Congreso.

Antes de su traslado, Machado declaró: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente en la que confié pensé que eran los buenos y eran los malos”. También afirmó que mantiene contacto con la fiscalía estadounidense y que es víctima de persecución política.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó el compromiso de Argentina con la cooperación judicial internacional y confirmó la participación de U.S. Marshals en el operativo. El empresario será entregado junto con elementos secuestrados, como teléfonos y documentación relevante. La causa sigue bajo seguimiento de la Fiscalía Federal de Neuquén y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El desenlace del caso podría tener implicaciones políticas y judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos.