El Gobierno nacional avanza en la implementación del Régimen Simplificado de Ganancias, una reforma tributaria que ya cuenta con la adhesión de 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca simplificar los trámites fiscales, eliminar controles sobre consumos personales y facilitar la repatriación de ahorros no declarados, en un intento por formalizar activos y dinamizar la economía.

El nuevo régimen está dirigido a personas humanas y sucesiones indivisas, quienes podrán optar por una declaración jurada simplificada para el impuesto a las ganancias. Según el proyecto presentado en el Congreso, la adhesión es voluntaria y excluye a sociedades y fideicomisos. Los contribuyentes que opten por este sistema podrán aceptar una declaración jurada sugerida por ARCA, cuyo pago en término tendrá efecto liberatorio, aunque la agencia podrá fiscalizar si detecta diferencias significativas.

La reforma elimina regímenes de información y controles sobre transferencias de inmuebles, compras de autos y consumos con tarjetas, elevando los umbrales de información bancaria y fiscal. Desde el 29 de mayo, los comprobantes que superen los diez millones de pesos deben detallar los datos de los consumidores finales. Además, los bancos ya no estarán obligados a informar movimientos menores a 50 millones de pesos.

El acuerdo con las provincias implica que estas renuncian a establecer controles adicionales y dependen de la información que provea ARCA. Las jurisdicciones que no adhieran perderán acceso a datos clave sobre facturación y consumos, lo que ha generado preocupación entre los gobernadores por la posible pérdida de autonomía fiscal y concentración de poder en la Nación.

Especialistas tributarios advierten que, si bien el régimen facilita la regularización de activos y otorga presunción de exactitud en las declaraciones, no representa un blanqueo de capitales ni una amnistía generalizada. El sistema excluye a los monotributistas, quienes deberán renunciar a su régimen para acceder a los beneficios, lo que implica mayores cargas administrativas y tributarias.

El debate se da en un contexto de presión fiscal, caída de la coparticipación y demandas provinciales por fondos federales. Mientras el Gobierno destaca la simplificación y la libertad financiera, analistas y gobernadores advierten sobre los riesgos de menor control y la posible erosión de la autonomía provincial. El futuro de la reforma dependerá de su implementación y del impacto real en la formalización de la economía y la recaudación fiscal.