En Rosario, tres policías de la brigada motorizada enfrentan prisión preventiva tras ser acusados de recibir coimas y favorecer a una banda narco en el barrio Parque Casas. El juez Daniel Curik confirmó la medida en una audiencia celebrada este miércoles, rechazando los planteos de las defensas de los agentes.

Los acusados, Marcelo Borovachi, Rodrigo Ramírez y Ricardo Font, fueron imputados en marzo pasado por los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci. Según la investigación, los policías habrían participado en procedimientos irregulares para beneficiar a Sandra Álvarez, una presunta vendedora de drogas, y perjudicar a organizaciones rivales. El caso incluye el pago de una coima de dos millones de pesos para liberar a un detenido y el ocultamiento de armas confiscadas.

El origen de la investigación se remonta a julio de 2024, cuando la casa de Álvarez fue baleada y puesta bajo custodia policial. En noviembre, los agentes realizaron un operativo en el que detuvieron a Rubén "Rana" Gusmaroli, quien fue liberado tras el pago de la coima. Los policías informaron el secuestro de una sola pistola, aunque se habían confiscado dos armas.

Además de los tres policías en prisión preventiva, otros agentes y civiles enfrentan acusaciones relacionadas con el caso. Entre ellos se encuentran el suboficial Jesús Soria, el comisario Mario Humberto Trejo y la médica policial Mara Romaro, quienes fueron imputados por encubrimiento y quedaron en libertad.

La defensa de Borovachi y Font sostiene que sus clientes no cometieron delito alguno y ha solicitado su libertad, pero los fiscales argumentan que la evidencia recopilada es contundente. "Estos hechos son una muestra clara de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad", señaló el fiscal Pablo Socca.

El caso ha generado preocupación en Rosario, una ciudad que enfrenta altos niveles de violencia vinculada al narcotráfico. La confirmación de la prisión preventiva marca un paso importante en la lucha contra la corrupción policial, aunque también pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema judicial para abordar estos problemas.

Con implicaciones significativas para la seguridad y la confianza en las instituciones, el caso sigue en desarrollo y podría tener repercusiones más amplias en la región.