El Senado de la Nación aprobó con 44 votos a favor y 28 en contra el traspaso de la Justicia Laboral de la órbita nacional a la Ciudad de Buenos Aires, en una sesión marcada por intensos debates y maniobras políticas. El acuerdo, firmado entre el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, prevé la transferencia de competencias y recursos, así como el cierre de más de treinta juzgados nacionales en la Capital Federal.

La medida, que aún debe ser refrendada por la Cámara de Diputados y la Legislatura porteña, es presentada por el oficialismo como un paso clave para fortalecer la autonomía de la Ciudad y agilizar la resolución de causas laborales. "La Ciudad debe ejercer plenamente su autonomía, es una deuda de más de 30 años", señalaron fuentes del gobierno porteño. Desde el gobierno nacional, el objetivo es también reducir la litigiosidad y combatir lo que denominan la "industria del juicio".

Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo de sindicatos y asociaciones judiciales, que la calificaron como un "avasallamiento" y advirtieron sobre el riesgo de pérdida de derechos para los trabajadores. Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, afirmó: "La Justicia del Trabajo es el último resorte que tiene un trabajador para conseguir que sean reconocidos sus derechos. Desguazarla es herir gravemente el sistema republicano".

El proceso estuvo atravesado por tensiones internas en el oficialismo y entre Nación y Ciudad. La vicepresidenta Victoria Villarruel intentó frenar la aprobación en el Senado, mientras que Patricia Bullrich y Karina Milei jugaron roles clave para destrabar el acuerdo. El traspaso excluye causas colectivas y sindicales, que seguirán bajo jurisdicción federal.

El debate se da en el contexto de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y en medio de la disputa por la deuda de coparticipación entre Nación y Ciudad. El futuro del proyecto dependerá de su tratamiento en Diputados, donde se anticipan nuevas negociaciones y posibles modificaciones. El desenlace de este proceso podría redefinir el mapa judicial y político de la Ciudad de Buenos Aires en los próximos años.