Un grave episodio de presunto abuso sexual infantil conmocionó este martes y miércoles al barrio Empalme Graneros de Rosario. Padres y madres de alumnos del Jardín de Infantes N° 261 Paulo Freire denunciaron al portero de la institución por presuntos abusos a varios niños, lo que desencadenó una serie de incidentes violentos en las inmediaciones del establecimiento.

Según relataron familiares y testigos, los menores habrían manifestado cambios de conducta y, en algunos casos, relataron agresiones físicas y amenazas por parte del portero, quien presuntamente utilizaba cinta adhesiva y amenazas para intimidar a los niños. "Les tapaba la boca, los metía en la casita y los amenazaba", declaró una madre a los medios locales. Otra madre relató que su hijo de cuatro años le contó que el portero lo había lastimado y que tenía miedo de hablar por las amenazas recibidas.

La situación se tornó tensa cuando un grupo de padres intentó agredir al acusado, lo que motivó la intervención de la Policía de Santa Fe y Gendarmería Nacional. Los efectivos debieron evacuar a las docentes y proteger las instalaciones, mientras los padres arrojaban piedras y exigían respuestas inmediatas. "Vamos a hacer justicia por mano propia. Los chicos no se tocan y no podemos esperar los tiempos de la justicia", expresó una madre visiblemente indignada.

Durante los disturbios, una mujer debió ser asistida por una crisis nerviosa y se registraron enfrentamientos entre padres y fuerzas de seguridad, que respondieron con balas de goma para dispersar a los manifestantes. El portero fue finalmente detenido y trasladado a la comisaría, donde permanecerá a disposición de la justicia mientras avanza la investigación penal.

El Ministerio de Educación de Santa Fe dispuso el cierre preventivo del jardín y la realización de pericias a los menores, incluyendo la posibilidad de Cámara Gesell. Además, trascendió que existía una denuncia previa contra el mismo portero, lo que generó críticas hacia la gestión escolar y la respuesta de las autoridades.

El caso continúa bajo investigación judicial y ha generado un fuerte reclamo social por mayor protección y respuestas institucionales, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el ámbito escolar.