El gobierno de Santa Fe enfrenta una demanda judicial presentada por Santino Alvarado, hijo del narcotraficante condenado Esteban Alvarado, quien reclama la restitución de una quinta de cuatro hectáreas ubicada en el paraje Los Muchachos, Piñero. El inmueble, valuado en aproximadamente 200 mil dólares, fue decomisado por la Justicia provincial tras considerarse instrumento de delitos cometidos por la organización criminal liderada por Alvarado.

La acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Circuito de la 2ª nominación de Rosario y notificada al Ejecutivo provincial el jueves. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la Fiscalía de Estado trabajará para impedir la devolución del bien, cuya incautación fue ratificada por la Corte Suprema de Santa Fe y avalada por al menos quince jueces penales. "La política de decomiso es una parte fundamental de la política criminal del Gobierno Provincial", afirmó Cococcioni, agregando que "de nada sirve gastar recursos capturando gente e investigar si luego pueden seguir disfrutando de los bienes obtenidos por delitos".

Por su parte, los abogados de la familia Alvarado sostienen que la propiedad pertenece a la familia desde hace cuarenta años y que el título estaba a nombre de los hijos por decisión familiar. Presentaron documentos legales y sucesorios para respaldar el reclamo, argumentando que el inmueble fue donado cuando los hijos eran menores de edad y quedó en usufructo de Esteban Alvarado.

El gobierno provincial, sin embargo, planea destinar el inmueble a políticas de seguridad, combate al narcotráfico y formación policial, en línea con otras acciones como la puesta en funciones del Comité de bloqueo económico al crimen organizado. "Nada nos daría más satisfacción que ver que esos bienes sean destinados a políticas de seguridad y combate al narcotráfico", expresó Cococcioni.

El decomiso de la quinta y otros bienes del clan Alvarado se concretó en mayo de 2024, tras un proceso judicial iniciado en 2022. El caso se enmarca en la estrategia provincial de desmantelamiento económico de organizaciones criminales, reflejando la resistencia de estas ante la pérdida de patrimonio. El debate sobre la restitución genera posturas encontradas en la sociedad y plantea interrogantes sobre el alcance de las políticas de decomiso y los derechos de familiares de condenados.