El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha anunciado un controvertido plan para permitir el uso de dólares no declarados que los ciudadanos tienen fuera del sistema financiero formal. Según el mandatario, esta medida busca liberar estos fondos para estimular la economía, sin fines recaudatorios ni exigencias sobre el origen de los mismos.

En declaraciones recientes, Milei explicó que la iniciativa permitiría a los ciudadanos utilizar estos dólares sin necesidad de justificar su procedencia, trasladando la responsabilidad de los controles a organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). "Es como si fuera un blanqueo, pero sin pago de impuestos. Queremos liberar, liberar, liberar; que la gente pueda ser libre de usar su dinero", afirmó el presidente.

El gobierno estima que entre 200.000 y 400.000 millones de dólares están fuera del sistema formal, una cifra que representa entre el 33% y el 66% del Producto Bruto Interno (PBI). La medida, que se implementaría mediante un decreto, busca evitar el paso por el Congreso y se enmarca en una estrategia más amplia para desregular la economía y fomentar la dolarización.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas y preocupaciones. Expertos advierten que la eliminación de controles como los reportes de operaciones sospechosas (ROS) podría facilitar el lavado de dinero y beneficiar a evasores fiscales. "Sin declaraciones juradas se desactiva el cruce automático de información, lo que significa que las operaciones sospechosas no van a saltar a la vista", señaló un tributarista consultado.

Milei ha defendido la medida como un acto de "liberación económica" y ha criticado a los políticos por "perseguir" a los ciudadanos. "A mí no me importa de dónde sacó los dólares, no me importa en lo más mínimo", declaró. También calificó de "héroes" a quienes lograron proteger su patrimonio del "impuesto inflacionario" y de los "políticos ladrones".

El contexto económico del país, marcado por una crisis de reservas y alta inflación, ha llevado al gobierno a buscar alternativas para estimular el consumo y la inversión. Además de esta medida, se están considerando otras iniciativas, como la reducción de aranceles y la emisión de bonos para captar dólares en el mercado local.

A pesar de las críticas, el gobierno asegura que la medida seguirá las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el lavado de activos. "Las medidas van a estar cuando estén perfectamente confeccionadas", subrayó Milei, quien insistió en que su administración prioriza la racionalidad técnica por sobre las conveniencias políticas o electorales.

El impacto de esta iniciativa, tanto en términos económicos como sociales, está por verse, pero ya ha generado un intenso debate sobre la equidad fiscal y la lucha contra el lavado de dinero en Argentina.