El Gobierno de San Juan evalúa la implementación de un plan de retiros voluntarios para empleados públicos provinciales, en medio de una compleja situación financiera agravada por la caída de la coparticipación federal. La medida, aún en etapa de análisis, busca reducir la planta estatal, que pasó de 36.000 trabajadores en 2019 a unos 50.000 en 2023, según fuentes oficiales.

La iniciativa surge como respuesta a la disminución de ingresos provinciales, que en febrero registró una baja interanual del 8% y una pérdida acumulada de $30.868 millones en lo que va de 2026. A esto se suma el encarecimiento de la grilla salarial, tras el aumento del ítem antigüedad del 3% al 5% en 2023, lo que ha dificultado aún más el sostenimiento de la masa salarial.

El plan de retiros voluntarios, de concretarse, permitiría que empleados cercanos a la jubilación o profesionales con oportunidades en el sector privado accedan a una compensación económica similar a una indemnización. Sin embargo, aún no se han definido los detalles sobre los montos ni la fecha de lanzamiento, aunque se prevé que podría implementarse durante 2026 si se cumplen las previsiones del Ministerio de Economía provincial.

Desde los gremios, la reacción ha sido de cautela. José "Pepe" Villa, secretario general de UPCN, señaló que el retiro voluntario es la salida "más benévola" ante la falta de fondos, pero criticó el uso de recursos en otros rubros y la situación financiera general. Por su parte, José Díaz, del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), advirtió sobre los riesgos para los trabajadores y recordó experiencias negativas de planes similares en los años 90. Otros gremios, como ATSA, prefieren esperar detalles antes de fijar una postura.

El contexto nacional también incide en la decisión provincial. El gobierno de Javier Milei ha impulsado medidas similares para reducir la planta estatal, eliminando más de 63.000 puestos desde 2023 y proyectando nuevos recortes. En San Juan, la discusión sobre el tamaño del Estado y la reorganización de recursos hacia áreas clave, como Salud, se da en un clima de incertidumbre y prudencia sindical.

La definición final del plan dependerá de la evolución de los ingresos provinciales y de las negociaciones con los gremios, en un escenario marcado por la crisis económica y la presión sobre las cuentas públicas.