El miércoles 19 de noviembre de 2025, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo un paro nacional de 24 horas y una movilización en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos. La protesta, que incluyó una concentración frente a la Secretaría de Trabajo y un acto central, tuvo una alta adhesión entre los trabajadores estatales, con más del 90% de acatamiento según el gremio.

El paro afectó principalmente a la administración pública nacional y a las universidades, donde se suspendieron actividades y se registraron demoras en trámites. El sector aceitero también se sumó a la medida, lo que impactó en el complejo industrial oleaginoso. Sin embargo, servicios como el transporte público, bancos y supermercados funcionaron con normalidad durante la jornada, aunque se recomendó seguir los canales oficiales ante posibles cambios.

Entre los principales reclamos, ATE exigió la reapertura de paritarias y denunció una pérdida del 32% del poder adquisitivo de los trabajadores estatales en los últimos 23 meses. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, vinculó la reforma laboral con el acuerdo comercial con Estados Unidos y sostuvo: “La reforma laboral y el reciente acuerdo comercial con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”.

En respuesta, el Gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran al paro y presentó una denuncia penal contra Aguiar por supuestas amenazas contra el orden constitucional, fundamentada en declaraciones del sindicalista sobre provocar una “crisis del gobierno nacional”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que la manifestación debía realizarse de forma pacífica y bajo el protocolo antipiquetes, que prohíbe cortar calles y veredas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó la convocatoria al paro y aseguró que la reforma no contempla modificaciones en la ley de empleo público. Por su parte, Aguiar responsabilizó al Gobierno por cualquier incidente que pudiera ocurrir durante la movilización y denunció el “desmantelamiento de áreas de control” en la administración pública.

El paro nacional de ATE se enmarca en un contexto de tensión sindical y política, con negociaciones abiertas sobre la reforma laboral y otros cambios legislativos previstos para la segunda etapa de la gestión de Milei. El impacto y las consecuencias de la medida se centran en la administración pública y el debate sobre los derechos laborales en Argentina.