El Senado de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el megaproyecto minero de cobre San Jorge, ubicado en Uspallata, en medio de una fuerte movilización social y un clima de tensión tanto dentro como fuera del recinto legislativo. La iniciativa, impulsada por capitales suizos y argentinos, prevé una inversión de entre 559 y 600 millones de dólares y una producción anual estimada de 40.000 toneladas de cobre fino, convirtiéndose en el primer desarrollo metalífero de gran escala en la provincia en más de dos décadas.

La votación, que resultó en 29 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, se realizó bajo la atenta mirada de manifestantes que se congregaron en defensa del agua y en rechazo al proyecto. Las protestas, organizadas por la Asamblea Popular por el Agua y otras organizaciones ambientales, denunciaron posibles riesgos de contaminación de la cuenca de Uspallata y del río Mendoza, así como la falta de licencia social para avanzar con la explotación minera. "El agua no se negocia", fue la consigna central de la movilización, que recordó la crisis social de 2019 cuando intentos de flexibilizar la ley 7722 desataron masivas protestas en la provincia.

El gobernador Alfredo Cornejo, alineado con el presidente Javier Milei, celebró la aprobación y destacó que "la minería será el motor del progreso" en Mendoza. Milei, por su parte, expresó su apoyo en redes sociales, subrayando la importancia del sector para el crecimiento económico y la generación de empleo. Sin embargo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y técnicos del CONICET y la Universidad de Cuyo advirtieron sobre deficiencias en la información ambiental presentada y la falta de evidencia hidrogeológica esencial para evaluar los riesgos.

Las cifras de empleo también generaron controversia: mientras la empresa sostiene que se crearán hasta 3.900 puestos en la construcción y 2.400 en la operación, documentos oficiales reconocen números significativamente menores. La ministra de Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, negó riesgos de contaminación, pero opositores y especialistas insisten en la necesidad de mayor transparencia y garantías para la protección del agua.

El debate sobre el proyecto San Jorge refleja la tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental en una provincia históricamente movilizada en defensa de sus recursos hídricos. El futuro del emprendimiento dependerá de la capacidad de las autoridades para responder a las demandas sociales y garantizar un desarrollo sustentable.