El Gobierno argentino decidió anular las convocatorias de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), principal mecanismo de financiamiento para la investigación en el país. La medida, implementada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), implica la cancelación de proyectos ya evaluados y aprobados, así como el cierre de nuevas convocatorias para 2023.

La decisión generó una fuerte reacción en la comunidad científica. Directores de centros del CONICET, universidades y redes de investigación expresaron su "profunda preocupación institucional" y advirtieron sobre el "quiebre en el desarrollo sostenido del sistema científico". Según los comunicados, más de 1.500 proyectos quedan sin financiamiento, afectando tanto a la ciencia básica como a la aplicada, y paralizando la actividad en todo el país. "La anulación de los PICT 2022, proyectos ya evaluados y aprobados con compromiso presupuestario, afecta la credibilidad en las instituciones de financiamiento y genera un daño irreparable en la planificación de la investigación", señalaron los directores de los Centros Científicos Tecnológicos del CONICET.

El recorte presupuestario en el área alcanza hasta un 45% desde el inicio de la actual gestión, con una inversión en ciencia que representa el 0,164% del PBI, el valor más bajo desde 2002. Además, se redujeron las becas de investigación y se priorizan proyectos con impacto productivo inmediato, relegando la investigación básica. Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) se denunció que solo sobrevivirán los grupos que consigan financiamiento privado, lo que profundiza las desigualdades regionales y limita el desarrollo federal.

El Gobierno argumenta que la reorientación de fondos busca eficiencia y resultados económicos concretos, pero enfrenta críticas por la falta de diálogo y previsibilidad. "No va a haber ciencia para aplicar en el país si no se hace ciencia", advirtió Mario Pecheny, representante del área de Ciencias Sociales y Humanidades en el directorio del CONICET. El sector productivo también manifestó su preocupación por el impacto en la innovación y las PyMES.

En respuesta, la comunidad científica convocó movilizaciones y acciones judiciales para exigir la restitución del financiamiento y la apertura de nuevas convocatorias. El debate sobre el rol del Estado y la orientación de la inversión en ciencia se intensifica, en un contexto de crisis económica y prioridades en disputa. Las consecuencias a largo plazo, advierten los especialistas, podrían incluir la pérdida de capital humano y el retroceso en la capacidad de innovación nacional.