Argentina y Estados Unidos han firmado un acuerdo comercial y de inversiones que ha generado un amplio debate en el ámbito político y económico nacional. Impulsado por el gobierno de Javier Milei, el pacto busca profundizar la apertura económica y fortalecer la relación bilateral, aunque enfrenta críticas por la asimetría de los compromisos asumidos por ambas partes.

El acuerdo, rubricado en Washington por el canciller argentino Pablo Quirno y el representante de comercio estadounidense Jamieson Greer, exige a la Argentina una serie de reformas legales y regulatorias, así como la eliminación de aranceles para el 84% de los productos provenientes de Estados Unidos. A cambio, Estados Unidos solo reduce aranceles para el 14% de los productos argentinos, y la ampliación de la cuota de carne vacuna se limita a una medida transitoria por un año, destinada a paliar la sequía en el país norteamericano.

El texto del acuerdo, que cuenta con 492 páginas de anexos, dedica 415 a concesiones argentinas y apenas 70 a compromisos estadounidenses. Entre las obligaciones más relevantes para Argentina se encuentra la incorporación al Tratado de Cooperación en materia de Patentes antes del 30 de abril, así como la habilitación acelerada de productos estadounidenses y la priorización de inversiones de ese país en sectores estratégicos como la minería y la industria farmacéutica.

El impacto inmediato sobre las exportaciones argentinas es limitado, según analistas, aunque el gobierno sostiene que el acuerdo representa una oportunidad histórica para atraer inversiones y mejorar la inserción global del país. Sin embargo, sectores industriales y pymes advierten sobre la competencia desigual, la presión fiscal y la posible afectación de la producción local.

En el Congreso, el debate sobre la aprobación del acuerdo se prevé para marzo, ya que el oficialismo aún no ha logrado consensuar apoyos suficientes entre los distintos bloques. Mientras tanto, la oposición y expertos en relaciones internacionales cuestionan la falta de reciprocidad y la posible afectación de la relación con otros socios estratégicos como el Mercosur, la Unión Europea y China.

El acuerdo se inscribe en una estrategia más amplia de apertura económica y alineamiento con Estados Unidos, en contraste con el proteccionismo de años anteriores. Su aprobación y puesta en marcha dependerán del debate parlamentario y de la capacidad del gobierno para responder a las preocupaciones de los sectores productivos y de la sociedad en general.