El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este lunes la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina, luego de que el exmandatario venezolano fuera capturado en Caracas y trasladado a Nueva York por las autoridades estadounidenses. El pedido, presentado ante el juez Sebastián Ramos en los tribunales de Comodoro Py, busca que Maduro declare en el país en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad, iniciada por denuncias de refugiados venezolanos y asociaciones civiles como el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD).

La causa argentina, que se tramita desde 2024, se fundamenta en informes de organismos internacionales y testimonios directos de víctimas que relatan torturas, desapariciones forzadas y asesinatos atribuidos al régimen chavista. En septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña ordenó la captura internacional de Maduro y su segundo, Diosdado Cabello, y activó las alertas rojas de Interpol. La jurisdicción argentina fue habilitada bajo el principio de justicia universal, ante la falta de garantías judiciales en Venezuela.

Maduro enfrenta en Estados Unidos cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, delitos que prevén penas de hasta cadena perpetua. Durante la audiencia inicial en Nueva York, el líder chavista se declaró inocente y permanecerá detenido en Brooklyn hasta la próxima cita judicial, fijada para el 17 de marzo. Su abogado, Barry Pollack, no solicitó la libertad bajo fianza por el momento.

El proceso de extradición deberá canalizarse por vía diplomática entre Argentina y Estados Unidos, conforme a los tratados internacionales vigentes. La Cancillería argentina será la encargada de gestionar el eventual traslado de Maduro, una vez cumplidas las etapas formales del trámite. El caso ha generado reacciones en la comunidad venezolana exiliada en Argentina, que apoya el proceso judicial, mientras que sectores políticos y militares venezolanos advierten sobre posibles tensiones internacionales. El Departamento de Estado de EE.UU. y actores internacionales siguen de cerca el desarrollo de la causa, que podría sentar un precedente en la lucha contra la impunidad por violaciones a los derechos humanos.