La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. El fallo, considerado histórico por la prensa nacional e internacional, marca un hito en la lucha contra la corrupción en las más altas esferas del poder argentino.

La sentencia, ratificada el 11 de junio de 2025, implica que Cristina Kirchner deberá cumplir prisión domiciliaria, a la espera de la resolución definitiva de la justicia. La ex mandataria, que gobernó el país entre 2007 y 2015 y fue vicepresidenta hasta 2023, enfrenta además otros procesos judiciales, como los casos Hotesur-Los Sauces, el Memorándum con Irán y los denominados "Cuadernos de la Corrupción".

El caso Vialidad investigó el desvío de fondos públicos y la adjudicación irregular de contratos de obra a empresarios cercanos al kirchnerismo, como Lázaro Báez, quien también fue condenado a diez años de prisión por lavado de dinero. La investigación reveló un entramado de corrupción que involucró a numerosos exfuncionarios, entre ellos el ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone, y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, con varias causas en curso.

La confirmación de las condenas generó un fuerte impacto político e institucional. Medios internacionales como The New York Times, El País y Financial Times destacaron la trascendencia del fallo y su potencial para redefinir el panorama político argentino. "La Corte Suprema argentina confirma la condena a seis años de cárcel contra Cristina Kirchner por corrupción", tituló El País, mientras que Bloomberg subrayó la inhabilitación perpetua como un mensaje claro sobre los límites de la corrupción en la función pública.

Las reacciones en el país fueron dispares. Sectores opositores celebraron la decisión como un avance en la lucha contra la impunidad, mientras que referentes del kirchnerismo denunciaron persecución judicial y "lawfare". El fallo deja abierta la discusión sobre el futuro del peronismo y la credibilidad de las instituciones argentinas, en un contexto de creciente demanda social por transparencia y justicia.