El Gobierno argentino presentó en junio de 2025 un proyecto de ley de "inocencia fiscal" que busca incentivar la formalización de los dólares guardados fuera del sistema financiero, conocidos popularmente como "dólares del colchón". La iniciativa, impulsada por el diputado José Luis Espert y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, propone elevar el umbral de evasión agravada a u$s100.000 y facilitar la declaración de ahorros no registrados mediante un régimen simplificado.

Según estimaciones del Centro de Estudios Nueva Economía, existen alrededor de u$s100.000 millones en billetes físicos fuera del circuito formal, lo que equivale a un promedio de u$s2.100 por habitante. El Gobierno argumenta que la medida busca dejar de "perseguir a los contribuyentes" y crear un entorno más seguro para quienes deseen blanquear sus ahorros, en un contexto de desconfianza histórica en el sistema financiero argentino.

El proyecto incluye una declaración jurada simplificada y un "tapón fiscal" que limita la fiscalización sobre quienes adhieran al régimen, permitiendo que la mayoría de los argentinos puedan regularizar sus fondos sin riesgo penal. Sin embargo, la iniciativa generó polémica en el Congreso. Mientras el oficialismo busca una aprobación rápida, la oposición denuncia que se trata de un "blanqueo encubierto" que podría beneficiar a evasores y carece de garantías de seguridad jurídica.

Expertos y analistas advierten que la actualización de los umbrales en pesos podría verse rápidamente erosionada por la inflación, y que la medida no necesariamente generará la confianza suficiente para que los ahorristas exterioricen sus dólares. Además, señalan que el proyecto podría incrementar la desigualdad y la percepción de impunidad fiscal.

El debate se da en un contexto de ajuste fiscal, caída de la recaudación y presión del FMI sobre las cuentas públicas. El oficialismo sostiene que la normalización de los ahorros es clave para reactivar la economía, mientras que la oposición y sectores técnicos reclaman mayor transparencia y debate sobre los alcances reales de la iniciativa. El futuro del proyecto dependerá del consenso político y de la capacidad del Gobierno para generar confianza en los contribuyentes.