Cristina Kirchner comenzó a cumplir prisión domiciliaria en su departamento del barrio Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La medida, dispuesta por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificada por la Corte Suprema, incluye el uso obligatorio de una tobillera electrónica y restricciones de movimiento, permitiendo salidas solo por razones de fuerza mayor y con autorización judicial.

La decisión judicial se fundamentó en el riesgo para la vida e integridad física de la exmandataria, especialmente tras el atentado que sufrió en 2022, y en su edad, que supera los 70 años. El tribunal consideró que no se pueden garantizar condiciones de seguridad adecuadas en un establecimiento penitenciario sin recurrir a prácticas incompatibles con los estándares constitucionales. La colocación de la tobillera electrónica está sujeta a evaluaciones técnicas y psicosociales, que serán supervisadas por organismos oficiales.

Durante la jornada, militantes y simpatizantes se congregaron frente al domicilio de Kirchner para expresar su apoyo, acompañados por referentes de organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo y H.I.J.O.S. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y otros dirigentes políticos visitaron a la expresidenta y criticaron la condena, calificándola de "injusta" y "política". Mendoza informó que Kirchner no podrá salir al balcón a saludar a la militancia, como lo venía haciendo, debido a las restricciones impuestas por la Justicia.

En paralelo, el peronismo y diversas organizaciones sociales y sindicales convocaron a una movilización en Plaza de Mayo en respaldo a la exmandataria. Si bien la CGT decidió no convocar a un paro general, otros gremios y agrupaciones anunciaron su participación en la protesta. El Gobierno nacional, por su parte, implementó un operativo de seguridad especial para garantizar el orden público y evitar incidentes durante las manifestaciones.

La situación de Cristina Kirchner genera un fuerte impacto político y social, con posturas enfrentadas entre oficialismo y oposición respecto a la legitimidad de la condena y el alcance de las movilizaciones. El caso continúa siendo un eje central en la agenda pública argentina, con implicaciones para el futuro político del país.