La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Lázaro Báez por lavado de activos en la causa conocida como "El Entrevero", consolidando así un nuevo revés judicial para el empresario patagónico. El fallo, dictado por la Sala IV del máximo tribunal penal, ratificó la pena de cuatro años y medio de prisión y una multa económica equivalente a tres veces el monto de las operaciones de lavado, que asciende a aproximadamente 14 millones de dólares.

La investigación determinó que la compra de la estancia "El Entrevero", ubicada en Uruguay y valuada en 14 millones de dólares, se realizó mediante un entramado de sociedades pantalla y testaferros con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos. Aunque la operación se concretó en territorio uruguayo, la justicia argentina consideró que tuvo un impacto directo en el orden económico y financiero nacional, por lo que rechazó los planteos de falta de jurisdicción presentados por las defensas.

El fallo también confirmó las condenas de otros involucrados en la maniobra de lavado, mientras que absolvió a un imputado por considerar que existía "duda razonable" sobre su participación. Además, la Cámara de Casación habilitó la ejecución de decomisos por más de 61 millones de dólares, que incluyen dinero en efectivo, cuentas bancarias en el exterior, activos financieros y más de 70 propiedades distribuidas en distintas provincias argentinas.

La defensa de Báez argumentó que los hechos ya habían sido juzgados en la causa "Ruta del Dinero K" y cuestionó la imparcialidad de los jueces, pero estos planteos fueron desestimados por el tribunal. Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó que los fondos decomisados se destinen a fortalecer la lucha contra el lavado de activos, aunque el tribunal priorizó el procedimiento legal vigente para la administración de los bienes.

La causa "El Entrevero" es una derivación de la investigación principal sobre la "Ruta del Dinero K", en la que Báez ya fue condenado por maniobras de lavado de activos vinculadas a la obra pública y evasión fiscal. El avance en la ejecución de los decomisos y la firmeza de las condenas marcan un hito en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en Argentina, con implicancias que podrían extenderse a otros expedientes relacionados.