El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela sigue generando conmoción y avances en la investigación. En los últimos días, la policía detuvo a Ariel Giménez, argentino de 29 años, acusado de cavar el pozo donde fueron enterrados los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Giménez fue interceptado por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando regresaba a su domicilio, tras haber intentado evadir el allanamiento en su vivienda.

La detención de Giménez se suma a la de Lázaro Víctor Sotacuro, quien fue expulsado de Bolivia y entregado a las autoridades argentinas. Sotacuro, de nacionalidad peruana, está señalado como uno de los conductores que apoyaron el traslado de las víctimas. Junto a ellos, ya habían sido arrestados Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, todos vinculados en distintos niveles con la organización delictiva investigada.

La investigación apunta a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", como el presunto autor intelectual del triple crimen. Interpol emitió una notificación roja para su captura internacional, detallando que Valverde Victoriano, junto a otros miembros de la banda, actuó de manera coordinada y con roles definidos para torturar y asesinar a las jóvenes entre el 19 y el 23 de septiembre en una vivienda de Florencio Varela. El documento de Interpol describe el accionar de la banda como "a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente el sufrimiento de las víctimas".

El caso ha puesto en evidencia la violencia de género y el avance del narcotráfico en el conurbano bonaerense. Vecinos y referentes barriales señalan que la banda liderada por "Pequeño J" creció en los últimos años debido a la crisis social y la falta de presencia estatal en los barrios. Familiares de las víctimas y organizaciones sociales, como Ni Una Menos, exigen justicia y políticas públicas para evitar que más jóvenes sean cooptados por el narcotráfico.

La investigación continúa con operativos en Argentina y Bolivia, mientras las autoridades judiciales y policiales intensifican la búsqueda de los prófugos. El caso sigue generando debate sobre la inseguridad, la violencia de género y la necesidad de respuestas integrales para los sectores más vulnerables.