El conflicto entre la Policía de Santa Fe y el gobierno provincial se intensificó en Rosario, donde agentes activos, retirados y familiares se manifestaron frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. La protesta, que comenzó tras la muerte del suboficial Oscar Valdez, se agravó por demandas salariales, condiciones laborales y atención a la salud mental. Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, varios patrulleros fueron paralizados y abandonados, mientras los manifestantes bloqueaban calles y exigían respuestas.

El gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, y el nacional, a través de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, desplegaron fuerzas federales para reforzar la seguridad y evitar un efecto dominó en otras provincias. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reconoció la legitimidad de los reclamos, pero denunció la presencia de grupos infiltrados vinculados a sectores desplazados de la fuerza y a hechos de corrupción. "Usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir", afirmó Cococcioni.

Más de veinte agentes fueron pasados a disponibilidad, con retiro de armas y chalecos antibalas, y se iniciaron investigaciones administrativas y penales. El gobierno provincial destacó que el patrullaje se mantuvo con normalidad, aunque fuentes nacionales señalaron una disminución de móviles en funciones.

El abogado Gabriel Sarla, representante de los policías, reclamó una recomposición salarial integral y mejores condiciones laborales, incluyendo descanso adecuado y atención a la salud mental. La reunión prevista entre delegados y funcionarios provinciales no se concretó, lo que aumentó la tensión.

En el ámbito político, la diputada nacional Romina Diez criticó la gestión de Pullaro por prioridades presupuestarias y falta de recursos para la policía. El gobierno nacional y provincial buscan evitar una escalada del conflicto y garantizar la seguridad en la provincia, mientras crece el temor por un posible contagio a otras jurisdicciones, como ocurrió en Misiones y se prevé en Entre Ríos.

El conflicto evidencia la complejidad de la situación policial en Santa Fe, marcada por demandas legítimas, tensiones internas y desafíos en la gestión de la seguridad pública. Las autoridades continúan trabajando para desactivar la protesta y mantener el control sobre la provincia.