Una mujer de 36 años fue rescatada en Rosario tras haber permanecido más de dos décadas en condiciones de servidumbre y explotación laboral. La víctima, originaria de Corrientes, fue captada a los 14 años y trasladada a la ciudad santafesina, donde fue obligada a realizar tareas domésticas y cuidar a personas mayores sin recibir remuneración alguna. Solo se le permitía salir del domicilio para hacer mandados y, según los informes, no sabía leer ni escribir, lo que la mantenía en una situación de dependencia absoluta.

El caso se conoció luego de que la mujer acudiera a un hospital público para una consulta médica. Allí, el personal de salud detectó indicadores de explotación y derivó la situación al área de salud mental, donde la víctima relató su historia. "Lo que planteaba no correspondía a un cuadro físico, entonces fue derivada al servicio de salud mental. En las entrevistas con psicología contó situaciones que daban cuenta de un posible delito de reducción a la servidumbre o explotación laboral", explicó María Laura Pasquero, responsable del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo.

La denuncia activó la intervención de la Fiscalía Federal, que coordinó dos allanamientos: uno en una vivienda de barrio Martín, donde fue hallada la víctima, y otro en Pueblo Esther, donde se detuvo a un hombre de 66 años y se incautaron armas. Los presuntos responsables forman parte de una familia que habría captado a la joven en Corrientes y la mantuvo en condiciones de explotación durante 22 años.

El juez de Garantías, Román Lanzón, dispuso la asistencia psicológica inmediata para la víctima, mientras que la causa avanza bajo la carátula de trata de personas con fines de explotación laboral, delito que prevé penas de hasta 15 años de prisión. La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo acompañan el proceso de restitución de derechos de la mujer.

El caso pone en evidencia la persistencia de la trata laboral en la región y la importancia de la articulación entre organismos de salud, justicia y derechos humanos para la detección y asistencia de las víctimas. Las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios para determinar el alcance de la responsabilidad de los acusados y evitar la revictimización de la mujer.