La Justicia Federal de La Plata procesó a cinco directivos de un grupo de empresas, entre ellos Hugo y Gastón Mazzacane, presidente y vicepresidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta. La medida, dictada por el juez Alejo Ramos Padilla a instancias de la fiscal federal Laura Roteta, alcanza a la firma Quilmes Tolosa S.A. y otras sociedades vinculadas, acusadas de perjudicar al fisco nacional por casi 4.000 millones de pesos.

La investigación, iniciada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reveló un entramado de maniobras que incluyó ventas no registradas, transferencia de bienes a sociedades vinculadas, desvío de fondos y uso de contabilidad paralela. Según la fiscalía, estas acciones se desarrollaron entre 2014 y 2024, con el objetivo de vaciar patrimonialmente la firma principal y dificultar el cobro de impuestos por parte del Estado.

Durante la pesquisa, se realizaron allanamientos en domicilios y sedes comerciales, donde se secuestró documentación contable, societaria y financiera, además de dinero en efectivo. Como parte de las medidas cautelares, el juzgado ratificó embargos sobre más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias, buscando asegurar el recupero de los activos y el cobro de la deuda tributaria.

El caso involucra a la familia Mazzacane, reconocida en el ámbito del automovilismo, quienes ya habían enfrentado investigaciones judiciales previas por delitos económicos. Sin embargo, la actual causa se destaca por la magnitud del perjuicio fiscal y la complejidad del esquema detectado.

Fuentes judiciales subrayan la importancia de la colaboración entre la fiscalía, la PROCELAC y la ARCA para desarticular el entramado societario y garantizar la acción penal. Hasta el momento, los imputados no han realizado declaraciones públicas. El proceso judicial continúa, mientras la Justicia busca sentar un precedente en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal en el país.