El brutal asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga, una jubilada de 81 años, en su casa de San Isidro, ha puesto en evidencia la peligrosidad y sofisticación de la denominada "Banda del Millón". La víctima fue hallada por su sobrina, atada de manos y pies, con signos de violencia y en estado de descomposición, tras varios días sin contacto.

La investigación, liderada por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, y el comisario general Lucas Borge, rápidamente conectó el crimen con la "Banda del Millón", una organización criminal conocida por sus robos violentos en la zona norte del conurbano bonaerense. Los autores materiales del hecho, identificados como Miguel Ángel Viera y Ramiro Emiliano Julio, recibieron instrucciones en tiempo real por videollamada desde la cárcel, donde se encuentra Thiago David Sandoval, alias "Polli", condenado por otro homicidio en la zona.

Según fuentes judiciales, la planificación del robo incluyó inteligencia previa, intercambio de videos y mensajes, y la participación de menores de edad. Durante el ataque, los delincuentes transmitieron la tortura y el robo por videollamada, enviando imágenes de la caja fuerte vacía a Sandoval, quien coordinaba la operación desde el penal. "La vieja capaz murió. No se movía. La quedó", fue uno de los mensajes enviados tras el crimen, según consta en la causa.

La autopsia reveló que Rodríguez Iturriaga sufrió golpes en la cara y otras partes del cuerpo, aunque la causa de muerte fue una descompensación. El fiscal Ferrari ordenó allanamientos y la detención de nuevos sospechosos, entre ellos jóvenes que cumplen condena por otros homicidios vinculados a la banda.

La "Banda del Millón" ya había robado a la misma víctima en 2024 y está implicada en otros hechos violentos, como el asesinato del empresario Jorge de Marco. A pesar de que varios líderes están presos, continúan dirigiendo las operaciones desde la cárcel, lo que genera preocupación en la comunidad y entre las autoridades.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en la zona y la capacidad de las organizaciones criminales para operar con impunidad, incluso desde el sistema penitenciario. Las autoridades trabajan para desarticular la banda y llevar a juicio a sus integrantes, mientras la sociedad exige respuestas ante la reiteración de estos hechos violentos.