La Justicia argentina ha decidido reabrir una causa contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presuntos delitos de trata de personas y abuso de menores. La resolución fue tomada por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes consideraron que el archivo del caso fue "prematuro" y que la denuncia original aporta información concreta que amerita una investigación exhaustiva.

La causa fue impulsada por la Fundación Apolo, una ONG anticorrupción dirigida por el legislador porteño Yamil Santoro, que fue reconocida como querellante en el expediente. Según la denuncia, Morales habría convivido con menores de edad durante su asilo político en Argentina en 2019, quienes habrían sido trasladadas desde Bolivia en condiciones vulnerables para realizar labores domésticas y personales. Además, testimonios como el de Angélica Ponce, exdirigente boliviana, señalan que se ofrecían "niñas como obsequios" a quienes buscaban obtener favores políticos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también presentó una denuncia similar, acusando a Morales de haber cometido "el peor de los delitos" en suelo argentino. Ambas denuncias se tramitarán de manera conjunta. La reapertura del caso permite a la Fundación Apolo presentar nuevas pruebas y avanzar en la investigación.

En Bolivia, Morales enfrenta denuncias similares, incluyendo una acusación de haber tenido una hija con una menor de 15 años a cambio de favores políticos y económicos para los padres de la joven. Este caso, que había sido desestimado en 2019, fue reabierto recientemente.

La decisión de la Cámara Federal ha generado reacciones divididas. Mientras que sectores políticos y sociales ven la reapertura como un avance en la búsqueda de justicia, otros la consideran un ataque político en el contexto de tensiones entre la derecha y la izquierda en Argentina y Bolivia. Morales, por su parte, ha negado todas las acusaciones, calificándolas de persecución política.

La causa ahora vuelve a instrucción, y la Fundación Apolo queda habilitada para impulsar diligencias y presentar nuevas pruebas. La gravedad de los hechos denunciados y la identidad de las personas involucradas han llevado a la Justicia a comprometerse con una investigación exhaustiva, en un caso que promete seguir generando repercusiones tanto en Argentina como en Bolivia.