Florencio Randazzo, ex ministro de Transporte y actual diputado nacional, quedó involucrado en la investigación judicial sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El fiscal federal Franco Picardi incorporó como prueba una libreta manuscrita de Miguel Ángel Calvete, lobbysta vinculado a la familia Menem, en la que aparece el nombre de Randazzo junto a su empresa GMS. Esta libreta, publicada en exclusiva por Clarín, detalla fechas, empresas, contactos y porcentajes de dinero presuntamente repartido entre funcionarios y proveedores.

Según la investigación, Calvete mantenía influencia directa sobre Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex encargados de la Andis, con quienes gestionaba pagos y reuniones en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fiscal Picardi solicitó la detención de Spagnuolo por su presunta participación en el circuito de pagos ilegales, mientras que en los cuadernos de Calvete se suman otras firmas y descripciones del circuito de coimas, incluyendo la droguería Suizo Argentina y empresas vinculadas a los Menem.

La empresa GMS, asociada a Randazzo, fue contratada en abril de 2023 por Corredores Viales, una firma estatal controlada por Vialidad, para proveer un sistema de telegestión de alumbrado por un monto de USD 360.400 más IVA. La Oficina Anticorrupción avaló este contrato, argumentando que no existía impedimento legal por la condición de Randazzo como diputado nacional, aunque omitió mencionar que GMS SA mantenía una deuda activa de más de $155 millones. A pesar de ello, el Estado le prometió otros $200 millones en contratos.

El dictamen fiscal también menciona la posible participación de Karina Milei en el reparto de porcentajes y señala la influencia de la familia Menem en otros organismos estatales, como Vialidad, donde han obtenido contratos previos. Un ex funcionario consultado por La Política Online calificó el caso como "conflicto de sentido común" más que legal, subrayando la complejidad de los vínculos entre proveedores y funcionarios.

Randazzo, quien fue aliado parlamentario del gobierno de Javier Milei y participó en las últimas elecciones sin renovar su banca, se encuentra ahora en el centro de una investigación que podría extenderse a otros contratos estatales y actores políticos. El caso ha generado repercusiones en el ámbito político y mediático, y se espera que la justicia federal continúe profundizando en los vínculos y adjudicaciones mencionados en los cuadernos de Calvete.