Un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva en la ciudad de Salvador Mazza, provincia de Salta, tras admitir haber abusado sexualmente de su pareja en presencia de su hijo menor de edad. El fallo, dictado por la jueza Sandra Sánchez mediante un juicio abreviado, se basó en la contundencia de las pruebas genéticas y testimoniales reunidas durante la investigación.

El hecho ocurrió el 2 de septiembre del año pasado, cuando el condenado intentó mantener relaciones sexuales con su pareja. Ante la negativa de la mujer, la golpeó en el rostro y luego la obligó a mantener relaciones, mientras el hijo de ambos presenciaba la agresión. Tras la denuncia de la víctima, la fiscalía ordenó diversas medidas investigativas, entre ellas la toma de testimonios y la obtención de muestras biológicas para análisis genético.

El Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales informó que el cotejo de las muestras permitió detectar perfiles genéticos compatibles con la víctima y el acusado, lo que resultó determinante para el avance de la causa. Frente a la evidencia reunida, el imputado reconoció su responsabilidad y solicitó la realización de un juicio abreviado, mecanismo que permite una resolución más rápida cuando hay acuerdo entre las partes.

La jueza Sandra Sánchez homologó el acuerdo y dictó la sentencia de prisión efectiva, que el condenado comenzó a cumplir de inmediato. El tribunal consideró el impacto emocional sufrido por la víctima y el menor, quien presenció la agresión, como agravantes para la determinación de la pena.

Organismos sociales y judiciales valoraron la sentencia como un antecedente relevante en la lucha contra la violencia de género y el abuso sexual en el ámbito familiar en el norte de Salta. Además, destacaron la importancia de la denuncia temprana, la intervención judicial rápida y la recolección de pruebas científicas para la resolución de este tipo de delitos.

El caso vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia familiar y de género en la provincia, y refuerza el llamado a fortalecer las políticas públicas de prevención, asistencia y acceso a la justicia para las víctimas. Especialistas remarcan que la actuación de organismos de asistencia y el acompañamiento integral resultan herramientas esenciales para evitar la escalada de situaciones de violencia.